Un organismo de DD.HH. venezolano denunció a la Cancillería por censura

00:37 | Sábado 17 de Marzo de 2018 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

A continuación transcribimos el texto completo de Cubas censurado por Cancillería:

Valoro positivamente el reconocimiento a la trayectoria del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) en la defensa de los derechos humanos, que significa recibir el Premio Internacional Emilio Fermín Mignone de parte de la Cancillería de la República Argentina por postulación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hace 34 años tuve oportunidad de conocer a Mignone y a Carmen Lapacó, cuando me presenté a la original sede del CELS de la calle Rodríguez Peña, a presentar mi testimonio como sobreviviente y ex detenido-desaparecido de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Fue el primer organismo de derechos humanos de Argentina que me escuchó y me apoyó en mi lucha por la Verdad y Justicia como testigo y denunciante de los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en ese terrible centro de tortura y horror. Fue el CELS con la asistencia de sus abogados, Luis Zamora, Marcelo Parrilli y Alicia Oliveira quien me presentó como testigo en el juicio por la desaparición forzada de Dagmar Hagelín, en el que estuvo implicado el Tte. Alfredo Aztiz, compromiso que he mantenido hasta la actualidad participando como testigo y querellante en diversos juicios por la comisión de delitos de lesa humanidad, que han finalizado hasta ahora con condenas ejemplares a los militares responsables.

Desde entonces el CELS ha sido para mí una referencia en la lucha por la defensa de los derechos humanos, y tanto es así que en octubre de 1988, cuando Ligia Bolívar y Dianorah Contramaestre me invitan a fundar PROVEA, me sumé entusiastamente a la tarea, y hoy a casi 30 años de su existencia doy fe que la semilla sembrada por Mignone dio sus frutos.

Creo que en honor a la memoria de Emilio Mignone, debemos reflexionar y debatir sobre sentido y razón de este premio dado por un Estado a una organización de derechos humanos autónoma e independiente.

El Premio debe servir para ayudar a construir relaciones democráticas entre el Estado otorgante y los defensores de derechos humanos que reciben el reconocimiento, permitiendo que se establezca un necesario diálogo entre quien tiene la obligación nacional e internacional de garantizar los derechos humanos y quienes deben luchar porque esto sea una efectiva realidad.

En este sentido, soy de la idea que en la actualidad tanto Argentina como Venezuela adolecen de graves fallas y debilidades tanto en la vigencia plena del Estado de Derecho como en la garantía efectiva de los derechos humanos. Asimismo, el autoritarismo de las gestiones gubernamentales, la falta de independencia de los poderes públicos, la impunidad estructural o el retroceso en el proceso de Verdad y Justicia, la existencia de decenas o centenares de presos políticos, la creciente represión a la protesta social, la aplicación de doctrinas de seguridad conocidas como “gatillo fácil” o “dispare primero y averigüe después” que victimiza a los jóvenes que viven en zonas populares, así como le crecimiento creciente de la pobreza, en ambos países, es una realidad que nos interpela.

Cambiar esta preocupante realidad, necesita no solo del otorgamiento de Premios o reconocimientos simbólicos a organizaciones y a defensores de derechos humanos –que son necesarios y bienvenidos- sino también de una auténtica voluntad política de las autoridades estatales de ser coherentes en el diseño e implementación de políticas públicas de derechos humanos caracterizadas por ser inclusivas, no discriminatorias, garantistas y progresivas.

Creo que las actuaciones coherentes de los Estados en materia de derechos humanos son relevantes y fundamentales, y por eso creo necesario que tanto Argentina como Venezuela tomen medidas prontas y oportunas para que el legado de coherencia que nos legó Emilio F. Mignone se convierta en efectiva realidad. Propongo que ambos Estados asuman inmediatamente sus obligaciones internacionales ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos tanto de la OEA como la ONU, y liberen de forma inmediata los presos políticos, comenzando en Argentina con la dirigente social Milagros Sala, y en Venezuela con el abogado y defensor de los derechos humanos, Marcelo Crovato, quien por cierto tiene doble nacionalidad, argentina-venezolana. Ambos tienen decisiones favorables de la CIDH y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que esperan por ser cumplidas por las autoridades de ambos países.

Tengan la seguridad que seguiré acompañando todos los esfuerzos destinados a hacer realidad el objetivo fundacional de PROVEA de luchar por garantizar “todos los derechos para todos y todas” bajo la premisa de que “no hay democracia sin derechos humanos; y no hay derechos humanos sin democracia”.

Atentamente,

Caracas, 15 de marzo de 2018

Raúl Cubas

Ex detenido-desaparecido ESMA (1976-1979)

Cofundador de PROVEA (1988)

Investigador de Amnistía Internacional Venezuela (2013-2018)