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Graciela Camaño, denunció en los tribunales federales de Comodoro Py a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA) y ex diputada Laura Alonso por la presunta comisión de delito en su intervención en torno a Macri y la empresa Correo Argentino
Jueves 18 de Octubre de 2018
18:57 | Jueves 18 de Octubre de 2018 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Camaño pidió que Alonso sea investigada por la presunta comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia en torno al informe en el que exculpó al presidente de la Nación por presuntas irregularidades en actos administrativos relacionados con los reclamos económicos derivados del retiro de la concesión del servicio postal estatal a la empresa de su padre, Franco Macri, decidida por el fallecido presidente Néstor Kirchner luego de habérsele otorgado la explotación del correo oficial durante el menemismo.
La denuncia penal formulada el miércoles por Camaño junto con los también diputados Cecilia Moreau y Alejandro Grandinetti recayó por sorteo en el juzgado federal 1 a cargo de María Servini, quien dará intervención a la fiscalía federal 10, encabezada por Paloma Ochoa, para la formulación del correspondiente requerimiento de instrucción o su dictamen de desestimación. Fuentes judiciales estimaron que Ochoa impulsará la acción penal y la consecuente apertura de una causa para investigar los hechos denunciados por los legisladores.
"Ha quedado claro que la Licenciada Alonso ha transformado un área del Estado, encargada de combatir la corrupción, en una trinchera dedicada explícitamente a perseguir, por un lado, a funcionarios de la gestión anterior, y por otro, para encubrir a funcionarios de la actual gestión", dijeron Camaño, Moreau y Grandinetti en su denuncia, a la que Clarín tuvo acceso.
Los legisladores del Frente Renovador solicitaron que Alonso sea investigada penalmente por una resolución firmada el 14 de junio que descartó alguna incompatibilidad de Macri en el tema del Correo, así como del ex titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), el ex diputado radical Oscar Aguad, y un abogado de ese área, Juan Mocoroa, en el marco del concurso de acreedores de CORASA y los reclamos cruzados con el Estado por el pago y cobro de millonarias sumas de dinero.
La resolución 24/2018 de la OA firmada por Alonso fue tomada como base por la vicepresidenta Gabriela Michetti para exculpar al Presidente de algún tipo de irregularidad en el caso del Correo, según se conoció por un decreto publicado esta semana en el Boletín Oficial que también lleva la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y que resolvió de esa manera un recurso jerárquico interpuesto por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, ante una decisión del procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías.
Camaño sostuvo que Alonso "es indudable que soslayó deliberadamente información que comprometía al Sr. Presidente de la Nación, toda vez que tal como se adjunta al presente (...) claramente de las declaraciones juradas del Sr. Macri surgen sus participaciones accionarias en SOCMA AMERICANA SA", una de las dos controlantes de CORASA, junto con SIDECO, ambas del padre del titular del Poder Ejecutivo.
La legisladora señaló que Alonso "incumplió con sus deberes" como titular de la OA, "quien lógicamente y por imperativo de su cargo y función debe realizar una labor profunda y detallada de investigación, y no un 'copia y pega' de resoluciones de otras instituciones", en alusión a lo que había dispuesto el procurador del Tesoro en relación a la desvinculación de Macri con algún tipo de irregularidad o incompatibilidad. El decreto de esta semana fue justamente firmado por Michetti y no por Macri porque éste se excusó de intervenir en el expediente.
Además, Camaño destacó en su denuncia que Alonso "no podría bajo ningún punto de vista estar al mando" de la OA, "toda vez que al tener una relación cercana con el Sr. Macri resulta ilógico e increíble que sea ella quien deba llevar adelante investigaciones que involucren al mencionado" y recordó que la funcionaria no es abogada y que el Presidente debió emitir un decreto para permitir su excepcional designación en el cargo.
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