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Piden que Julio De Vido vaya a juicio oral por favorecer a Odebrecht

Es porque habría direccionado los contratos de la construcción de gasosductos para que se los quede la constructora brasilera.

Martes 18 de Diciembre de 2018

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19:20 | Martes 18 de Diciembre de 2018 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El fiscal Federico Delgado, pidió que sea elevada a juicio oral la causa donde el ex ministro Julio De Vido quedó procesado por favorecer a Odebrecht, la constructora acusada de pagar sobornos en nuestro país por 35 millones de dólares.

La fiscalía pidió que junto a De Vido también vayan a juicio Daniel Cameron (ex secretario de Energía) y a los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marcheschi y Cristián Alberto Folgar Batista, en la causa conocida como "Skanska II". En este expediente se investigó una serie de irregularidades en la ampliación de los gasoductos y direccionamiento del proceso licitatorio que ganó la firma brasileña.

Durante la instrucción se determinó que los ex funcionarios del área de Energía, en calidad de coautores, junto a De Vido, “realizaron una serie de actos tendientes a favorecer" a Odebrecht para que se quedara con los contratos para la construcción de los Gasoductos TGS y TGN.

Después de la confirmación de las acusaciones, la Oficina Anticorrupción (OA) que conduce Laura Alonso -en su rol de querellante-, presentó ante el juez Rafecas el pedido de elevación a juicio oral. 

Cumpliendo con los procedimientos judiciales, el fiscal Federico Delgado presentó el requerimiento de elevación a juicio oral ante el juez Rafecas.

En el escrito al que accedió Clarín, el representante del ministerio Público Fiscal indicó que esta causa investigó la actuación parcial de "los ex funcionarios públicos que intervinieron, en aras de beneficiar los intereses particulares de la Constructora Odebrecht SA, empresa que resultó adjudicataria de los contratos de prestación de servicios requeridos para la ejecución de la mencionada obra pública".

Para Delgado, los contratos "fueron celebrados al margen del régimen de contrataciones establecido", y  “todos los investigados” en cada uno de los pasos "permitieron llegar al objetivo final, lo cierto es que mediante el aporte individual que brindó cada uno fue posible arribar al comportamiento delictivo que aquí se atribuye a todos".

La maniobra investigada

El presupuesto de la obra bajo investigación por diversas irregularidades fue de más de 2.347 millones de dólares. Se calcula que los sobreprecios podrían haber superado, tal como publicó Clarín, los 800 millones de dólares.

El proceso licitatorio que llevó al menos dos años y más de 72 actuaciones administrativas, arrojó diversas irregularidades que condujeron al juez Rafecas a citar a declarar a De Vido y otros ex funcionarios vinculados al contrato.

Para realizar el proyecto se creó un Fondo Fiduciario en el marco del extinto ministerio de Planificación Federal. Durante todo el proceso "se habría defraudado a la administración pública"y los funcionarios responsables de la obra, tal como señaló el fiscal Federico Delgado al pedir el llamado a indagatorias, "incumplieron con sus deberes ejecutando negociaciones incompatibles con sus funciones".

Se observó la existencia de una "posible decisión direccionada por parte de las autoridades de los distintos organismos públicos intervinientes, para que fuera Odebrecht la beneficiada con la ampliación de los gasoductos", expresó Rafecas en su momento.

De esta manera, se desprende del análisis de las resoluciones, notas y expedientes administrativos que fueron parte del proceso licitatorio que inició el 6 de julio de 2005 por parte de ENARGAS .

Entonces, la obra tenía una valor de U$S 1.427 millones. Para el 7 de diciembre de 2006, un día posterior a la fecha en la que Odebrecht ingresó a la obra, el costo ya era superior a los U$S 2.347 millones.

Durante la instrucción se dio por probada la “existencia de un apreciable desvío de poder por parte de De Vido, Cameron, Folgar y Marcheschi, en dirección al involucramiento ilegal de Odebrecht en la adjudicación de la obra pública, maniobra formalizada el 6 de diciembre de 2006, con la suscripción del contrato entre la firma mixta CAMMESA S.A. y Odebrecht”.

La obra se gestó en el Ministerio de Planificación Federal. La ex Secretaría de Energía que dirigió Daniel Cameron fue responsable de organizar cada instancia de la obra; sin embargo, ENARGAS intervino en la decisión en la fijación de los costos y los valores finales que objetaron la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Acusación contra el ex Ministro

Julio De Vido está acusado de haber "creado el marco normativo" para que desde Energía, "en negociación" con Odebrecht, se procediera al llamado a "licitación privada" a través de las empresas licenciatarias Transportadora Gas del Norte SA (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS).

Estas firmas se negaron a participar del procedimiento y fue convocada la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), quien finalmente le adjudicó, en un proceso sospechado, el negocio a Odebrecht.

El juez señaló que el procedimiento se hizo "al margen del régimen de contrataciones" que contempla la ley y con "marcado direccionamiento" en favor de Odebrecht que tuvo 60 días para el diseño de una estructura financiera, mientras que su competidora Benito Roggio, apenas cinco días hábiles.

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