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El asesino de José Luis Cabezas ofrece sus servicios como abogado

¿Estás detenido injustamente por algo que no hiciste o te armaron una causa y sos inocente? Llamanos y te vamos a ver o nos entrevistamos con tu familia, ¿te podemos ayudar?, expone uno de los posteos realizado por el Estudio Jurídico Prellezo-Morán.

Jueves 10 de Enero de 2019

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22:08 | Jueves 10 de Enero de 2019 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El excomisario Gustavo Prellezo, condenado a perpetua por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, se matriculó en la Ciudad de Buenos Aires y ofrece sus servicios como abogado a través de las redes sociales.

Hace dos años, en un fallo que resultó muy controversial, Prellezo recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, y dos meses después, juró como abogado en Quilmes, carrera que estudió durante su estadía en prisión. En ese momento, decidieron sacarle la matrícula con el argumento de que aún no había cumplido su condena.

Según explicaron desde el Colegio de Abogados de Quilmes, en el artículo 2 inciso 1ro de la ley 5.177, excluye del ejercicio de esa profesión a “los condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena”, lo que ocurriría recién en 2022.
Sin embargo, desde agosto del año pasado, se encuentra nuevamente matriculado.

Su esposa también ofrece los servicios del mismo estudio resaltando que ''una buena defensa puede significar la libertad o mucho menos años a cumplir''.

Esta inscripción limita el ejercicio profesional de Prellezo al territorio porteño, ya que la ley 5.177, que regula el ejercicio profesional del Derecho, sanciona a aquel que “sin tener título que para ello lo habilite y/o inscripción en la matrícula, patrocine, defienda, tramite o de cualquier manera tome intervención o participación directa no autorizada por la ley”, entre otros artículos que advierten sobre las infracciones al ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.

El Código Penal también contempla la usurpación de autoridad, títulos u honores, que reprime “con prisión de quince días a un año al que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial”.

 

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