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Tras los operativos realizados en el marco de la causa por evasión al fisco, la fiscalía de la Ciudad de Salta confirmó que de la Municipalidad fueron secuestradas dos computadoras de las que se habrían emitido facturas apócrifas y "otra información"
Jueves 17 de Enero de 2019
08:58 | Jueves 17 de Enero de 2019 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Por presunta emisión de facturación apócrifa, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron el pasado 14 de enero oficinas pertenecientes a la Municipalidad de la Ciudad de Salta y otros inmuebles. La medida fue dispuesta por el Juez Federal Nº1, Leonardo Bavio.
El sitio web, Salta Transparente, indagó sobre este asunto ante la falta de información emitida por la Municipalidad. Consultando a la Fiscalía Penal Federal, a cargo del Dr. Ricardo Toranzos, se conocieron más datos.
El jefe de gabinete de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, Luis María García Salado, negó que el edificio sufriera un allanamiento y que "sólo llegó una orden de presentación, un oficio para revisar los CPU". El funcionario manifestó que pusieron a "disposición documentación y una computadora".
Desde la Fiscalía confirmaron que la Municipalidad fue allanada y del operativo se secuestraron dos computadoras. Información que no coincide con las declaraciones de García Salado.
El artículo 226 del Código Procesal Penal dictamina que para que la Municipalidad sea allanada, al ser un edificio público, se debe emitir un aviso a las personas a cargo, a menos que esta medida sea perjudicial para la investigación.
La "orden de presentación" a la que alude García Salado, es una medida regulada por el Código Procesal Penal de la Nación, en el artículo 232.
Dicho artículo establece que: "En lugar de disponer el secuestro el juez podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los sujetos o documentos a que se refiere el artículo anterior; pero esta orden no podrá dirigirse a las personas que puedan o deban abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco, secreto profesional o de Estado."
La fiscalía no confirmó cuáles empresas están siendo investigadas. Aunque se cree que de las IP secuestradas en el CCM, se habrían emitido facturas apócrifas y "otra información".
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