El decreto de extinción de dominio ya es oficial

09:58 | Martes 22 de Enero de 2019 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El Gobierno publicó este martes a través del Boletín Oficial el decreto 62/2019que regula el régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio. Esta medida está destinada a acelerar la recuperación por parte del Estado de bienes vinculados a casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y otros delitos.

De esta manera, según calculó el Gobierno, hoy hay alrededor de 245 mil millones de pesos en bienes sometidos a medidas cautelares en causas por corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas. Muchos de esos bienes están bajo custodia o son administrados por diferentes organismos del Estado, lo que implica generar costos para el erario público.

“La corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos”, explica el texto oficial.

En este sentido, según la normativa publicada hoy, los campos, casas, vehículos o incluso obras de arte se podrían subastar y destinar a políticas públicas. Así, una fiscalía especial será la encargada de investigar el origen de los bienes obtenidos a través de actividades delictivas, en personas que están en un proceso penal.  Si quienes poseen esos bienes no logran justificarlos, se podrá avanzar con la extinción de dominio.

En tanto, según el decreto que cuenta con la firma del presidente Mauricio Macri y de todos los ministros, dispone la creación de una Procuraduría en el ámbito del Ministerio Público, y la participación de la Procuración del Tesoro en representación del Estado.

Asimismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich dijo que el régimen podrá ser aplicado en forma retroactiva, a bienes comprados a partir de delitos cometidos desde quince años atrás en adelante. Durante el proceso, la administración de los bienes estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el dinero en efectivo será administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Además, el decreto introduce la posibilidad de que el Ministerio Públicodesarrolle programas de colaboración de personas que aporten información bajo identidad reservada, recompensándolo por hasta el 10 por ciento de los bienes a los que se le extinguiría el dominio.