11:56 | Viernes 22 de Marzo de 2019 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Con elecciones provinciales suspendidas y un oficialismo debilitado, carente de liderazgo y sin candidato, el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue el golpe final de esta caída estrepitosa y anunciada.
Si algo faltaba para terminar de confirmar que todo el proceso iniciado, hace poco más de un año por un par de funcionarios cercanos al mandatario provincial que comenzaban a elucubrar los pasos a seguir para lograr la reelección del sauceño iba a terminar así de burdamente, nadie lo hubiera imaginado porque en La Rioja se lleva muy adentro que la política es el arte de lo posible.
Un derrotero de acciones sin sustento jurídico, endebles y débiles por donde se las mire, y la presunción que fuera de la justicia provincial hay justicia; es la fórmula para entender lo que pasó en las últimas horas.
Decimos derrotero de acciones equivocadas porque la mesa chica del casismo comenzó hace un año atrás a planificar la violación constitucional, como sea, para que Sergio Casas sea nuevamente gobernador. Primero intentaron por el lado de la interpretación del texto constitucional y el artículo referido a la duración del mandato del gobernador. Los meses transcurrían con la versión de una enmienda para modificar ese artículo. Terminado el periodo ordinario de sesiones de la Legislatura provincial, se llamó a una sesión extraordinaria para tratar el proyecto de la enmienda constitucional. Hecho que desde su inicio tuvo vicios de nulidad, toda vez que fue convocada por la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, algo que en La Rioja es normal que un diputado ejerza la facultad y competencias de un vicegobernador. Pero que a los ojos de cualquiera que lo mire fuera de los límites provinciales, saben que se trata de un atropello institucional.
De ahí en más, todo lo que siguió a esa convocatoria a sesiones, tuvo sus vicios y a los ojos vendados del Tribunal Electoral que solamente pretendía llegar a lo dispuesto en la convocatoria del Ejecutivo para que el 27 de enero, en una disfrazada elección general por el solo hecho de que se hacía en toda la provincia, se vote la consulta popular con escasa participación del electorado. Algo que era buscado por el oficialismo y que fue develado por el diputado provincial y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Lázaro Fonzalida.
Las presentaciones efectuadas ante la Corte Suprema de Justicia previo al 27 de enero, dejaron el camino abierto para que se realice la consulta popular pero también, abrieron el paraguas, porque con el hecho consumado; el máximo órgano judicial del país podía fallar en consecuencia.
Y así se llegó al dictamen de la Procuración General de la Nación donde de manera tajante determina que se circunscribe "a la cuestión de fondo de carácter federal y que en virtud de tales condiciones, advierte que la defensa de cosa juzgada planteada por la provincia con fundamento en la resolución adoptada por el Tribunal electoral provincial al ser de naturaleza procesal, su examen es de resorte exclusivo de la Corte".
Así llegamos al día de la fecha, donde minutos antes del mediodía el fallo de la Corte copó los medios nacionales y provinciales. El máximo órgano judicial falló en contra y volteó las aspiraciones reeleccionistas de los gobernadores de La Rioja Sergio Casas y de Río Negro Alberto Weretilneck.
En el caso de La Rioja, el fallo fue unánime lo que demuestra la gravedad institucional y el acuerdo de todos los miembros de la Corte en contra del proceso llevado a cabo en La Rioja por el gobierno provincial.
Y así se llega también a un callejón sin salida para la mesa chica del casismo y a un plan sin estrategia y escaso de fundamentos jurídicos y constitucionales pergeñado por el secretario General de la gobernación Gastón Mercado Luna, el ministro Fernando Rejal y Ariel Puy Soria.
Desde hoy también, las especulaciones están a la orden del día. Este debilitamiento del gobernador que se inició haciéndole faltar a su palabra y a su juramento ante la Constitución, Dios y los Santos Evangelios de que iba a cumplir con su mandato tal como lo establecía la carta magna provincial; y que se precipitó ayer, en una sucesión de manotazos de ahogado con la operación mediática que Casas se bajaba de su candidatura, que el oficialismo tenía "plan B" si el fallo es adverso.
Peripecia de manotazos que terminó pasadas las 20 de ayer, en el comunicado oficial del Tribunal Electoral Provincial aduciendo que se suspendían las elecciones a raíz de una presentación del Frente del Pueblo por no contar con los padrones provisorios para el 12 de mayo; decisión que fue ratificada hoy con el presidente del Tribunal Electoral Luis Brizuela que puso más dudas que certezas a la comunicación oficial. Según Brizuela se hizo lugar a la presentación partidaria y de muchas personas que estaban afligidas por no estar incorporadas en el padrón; también dijo que el padrón es una responsabilidad de la Cámara Electoral y que aún no cuentan con ese padrón con el corte realizado hasta la fecha de la Convocatoria a Elecciones por parte del Ejecutivo y dimes y diretes que no dejaron nada en claro, solo a un juez afligido por tener que suspender las elecciones y con la vocación de cumplir con los plazos del proceso establecidos por ley.
A esto hay que agregar, que el 27 de enero hubo padrones para la consulta popular y que en dicha oportunidad, igual planteo hicieron sectores opositores que cuatro días antes del 27E, no contaban con los padrones definitivos a lo que el mismo Tribunal Electoral hizo caso omiso.
Claramente, el oficialismo intentó presionar políticamente con los gobernadores y aliados de Alternativa Federal con el discurso de la politización de la justicia; siguió su estrategia con los pronunciamientos de cuanto un dirigente afín a la Casa de las Tejas pasaba por enfrente, para ratificar -sin argumentos o más bien, con los argumentos del fiscal de estado- que la enmienda era legitima, legal a los ojos del cristal del oficialismo y que Casas tenía que ser el candidato.
Nada de esto sirvió y los riojanos asistimos a un hecho inédito: que se haga justicia y que se cumplan las normas vigentes; que en algún lugar del país, tiene más peso el respeto constitucional por sobre las apetencias políticas y de poder de un grupo al que sólo le importa mantenerse enquistado en el poder. El fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene a poner un manto de claridad, a sacar a la luz claros sobre oscuros y que las denuncias de atropellos institucionales y constitucionales tenían asidero, que eran en base a hechos fundados y que atentaban contra los principios democráticos.
Claro, había que salir del fuero de la justicia provincial en connivencia con el poder político, para encontrar esa justicia que garantiza los resortes democráticos, los principios republicanos y la legitimidad.
Más allá de esto, hay análisis que no se pueden dejar en el tintero. El Ejecutivo provincial es quien tiene la atribución establecida en el artículo 126 de la Constitución riojana en su inciso 3, de convocar a elecciones. Pero una vez más, hasta último momento, el oficialismo provincial burla los resortes institucionales. El Ejecutivo convocó a elecciones provinciales para el 12 de mayo, adelantadas y anticipadas para que Casas sea candidato y para que la oposición no tenga tiempo de hacer su armado. Anoche, cuando las velas ardían, apareció una presentación del partido Frente del Pueblo planteando la falta de publicación de los padrones provisorios y a la brevedad de minutos, el Tribunal Electoral se expidió suspendiendo la elección, en una maniobra orquestada desde la Casa de Gobierno y que burdamente pone en evidencia la connivencia de la justicia con el gobierno y que no cesa ni aun teniendo todos los ojos nacionales puestos en La Rioja.
Vale aclarar, que así como el gobernador tiene la facultad constitucional de convocar a elecciones, es el gobernador que gobierna para todos, no para la conveniencia del partido político que representa.
Otro interrogante es si se abrirán los resortes institucionales de los organismos abocados a las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades por todos los procesos mal realizados desde el llamado a sesión extraordinaria, las investigaciones correspondientes a los gastos para la realización de la consulta popular y en los órganos judiciales, las actuaciones administrativas correspondientes por mal desempeños en sus funciones. Claro, que pensar en todo eso a pocos meses de que se termine el periodo gubernamental es pensar una Rioja de sueños.
