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Las designaciones políticas en puestos de carrera desataron una fuerte controversia entre el cuerpo diplomático y el canciller Felipe Solá

El nombramiento de un estudiante de kinesiología como jefe de recursos humanos del Ministerio generó un fuerte malestar que venía de arrastre por otras designaciones y por la reforma previsional que impulsa el Gobierno

Jueves 20 de Febrero de 2020

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11:32 | Jueves 20 de Febrero de 2020 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Una disputa política de alto voltaje se desató en la Cancillería entre el cuerpo diplomático y el canciller Felipe Solá. La reciente designación de un estudiante de kinesiología como jefe de recursos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores fue la gota que rebalsó un vaso que ya estaba lleno: las quejas de los diplomáticos se acumularon en las últimas semanas por un decreto que autoriza a nombrar políticos en puestos de carrera y a ello se le suma la reforma al sistema jubilatorio especial de diplomáticos que impulsa el presidente Alberto Fernández.

En los últimos días, el canciller Solá designó como jefe de Recursos Humanos a Juan Ignacio Denisio, un joven de Chivilcoy que tiene estudios aprobados hasta tercer año de kinesiología, pero también es técnico superior en administración pública.

Denisio tiene trayectoria en el área de recursos humanos de otros ministerios y reparticiones públicas, cargos que ejerció en paralelo a sus estudios de kinesiología. Su reciente nombramiento estalló los caldeados ánimos de los diplomáticos. El tema hubiera pasado desapercibido de no haber mediado el decreto de Solá que habilitó la designación de externos al Palacio San Martín y a la reforma que el Gobierno encaró por la reforma del régimen previsional de los diplomáticos.

Hace dos semanas la Asociación del Personal del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) emitió un duro comunicado en el que cuestionó a Solá por aprobar la resolución 70/2020 que le otorgó más poder a los funcionarios que no provienen de la carrera diplomática. Según el APSEN ello “no se condice con el artículo 1 de la ley 20.957 que asigna al servicio exterior la función de ejecutar la política exterior”. También en ese mensaje se cuestionaba el “impacto en términos presupuestarios” que podía generar este tipo de nombramientos externos.

Además, desde el despacho del canciller explicaron el tema de fondo: “Los nombramientos que hubo hasta ahora de gente externa a la Cancillería no llegan al 10% de la totalidad y es una potestad que debe tener un ministro para contar con gente de confianza e idónea para su gestión”. Se refirieron así a los casos puntuales del secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme; al secretario de Culto, Guillermo Oliveri y al secretario de Malvinas y Atlántico Sur, Daniel Filmus.

También el canciller adujo en sus respuestas al APSEN que tanto el gremio de ATE como UPCN en el Ministerio de Relaciones Exteriores avalaron el decreto 70/2020 que habilitó el nombramiento de externos a la Cancillería.

Por otra parte, el tema que generó el mayor enfrentamiento entre Solá y el cuerpo diplomático es la reforma al sistema previsional que encarará el Gobierno en lo inmediato en el Congreso.

En este sentido, el gremio cuestionó la decisión del presidente Alberto Fernández de reforma el esquema jubilatorio especial de los diplomáticos y se ampararon en el presidente Juan Domingo Perón para esgrimir su defensa. “Perón decía que la política es la política internacional y que lo demás era solo administración”, arranca la carta abierta del gremio de diplomáticos. Luego objeta la reforma previsional en marcha al sostener que “el régimen no constituye un privilegio y la reforma avanza sobre la condición previsional de los integrantes del Servicio Exterior mediante la unificación de dicho régimen con el régimen general”, especificaron.

Desde el Gobierno sostienen que el 85% de haberes con que se retira un diplomático y los montos que cobran no se condice con la realidad del resto de los argentinos y de allí que sostienen la necesidad de avanzar en la reforma, mismo criterio utilizado para los cambios que afectan a los jueces.

 

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