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Para que "la actividad periodística no entre en el delito", el abogado y militante del Frente de Todos, Maximiliano Rusconi, está impulsando un tema, que por demás, es polémico.
Miércoles 08 de Julio de 2020
10:30 | Miércoles 08 de Julio de 2020 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El periodismo y la libertad de expresión siempre son temas que, cuando se tocan, generan polémica. Para bien o para mal el periodismo cumple un rol fundamental en la sociedad, incluso en Argentina además del oficio de informar, también se habla -y se critica- al "periodismo militante", que busca siempre beneficiar a una figura/partido político y debilitar a otro.
mucho se dice sobre el rol del periodismo y como algunos se beneficiaron también del espionaje ilegal, cosa por estas horas la Justicia sigue investigando.
Así las cosas, y dado este debate en la opinión pública, hay algunos expertos que consideran que el periodismo debe ser reglamentado en el país, y un ejemplo claro es la propuesta del abogado y militante del Frente de Todos, Maximiliano Rusconi, que piensa que "una República no puede vivir sin el periodismo y los periodistas requieren ser nutridos de la libertad de expresión y de prensa", no obstante, pidió que el derecho de la reserva de la fuente sea reglamentado.
La iniciativa la impulsa como "reflexiones" y mencionó a varios periodistas oficialistas y hasta a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, probablemente para que su idea de reglamentar el periodismo pueda llegar a oídos de los líderes del Frente de Todos.
"El rol del periodismo se debilitarían enormemente si no se los acompañaran con el derecho del periodista a guardar la identidad de la fuente. Ahora bien, podemos sostener que ese derecho no puede ser reglamentado?. Sería uno de los pocos casos", empezó en su reflexión el letrado Rusconi.
"¿Porque el derecho a guardar la fuente u otros ámbitos del periodismo no pueden ser reglamentados?", se preguntó para seguir argumentando su idea.
Para el oficialista, los periodistas tendrían que tener un límite "racional y democrático".
"No se requiere ser ingenioso para intuir que el límite debe provenir de que el origen de la información no sea ilícito. Si el periodista sabe que ella proviene de un ilícito sobre la víctima del caudal informativo (escucha ilegal, inteligencia interna, etc), no debe difundir", propone Rusconi.
Y añadió: "Si difunde y luego lo citan en una investigación, el origen ilícito o antijurídico de la información recibida no lo autoriza a encubrir ese ilícito. Un límite".
En esa línea, Rusconi consideró que los periodistas "han aprendido de las malas tradiciones judiciales la idea de que ambas actividades (periodísticas y judicial) no están sometidas a ningún control. De los (malos) jueces suele escucharse el tranquilizador axioma de que no pueden ser juzgados por sus sentencias", alegó.
Y siguió: "Se olvidan que existe un delito de prevaricación judicial. La actividad periodística deja de serlo cuando ingresa en el delito (por supuesto que ello hay que investigarlo). Pero porqué pensar que la investigación judicial debe ser bloqueada?".
En ese sentido, y para hacer una comparación, el letrado destacó que en varias actividades, como escribanos, bancarios, y otros, "son obligadas a reportar al Estado cuando reciben dinero que creen que proviene de un ilícito (ley de prevención del lavado de activos). Y los abogados pueden ser relevados del secreto profesional".
En ese sentido, cerró su idea y se preguntó: "Porqué pensar que los periodistas no pueden ser controlados o no pueden cometer nunca un ilícito? Ese ilícito incluso puede unir el origen ilegal de la información con el destino también antijurídico de la publicación en el marco de una extorsión o armado ilegal de causa penal", cerró.
Sobre Rusconi, es un abogado penalista con amplia experiencia y públicamente conocido por estar ligado al kirchnerismo, incluso, es el abogado de Julio De Vido.
Rusconi tiene 54 años y “experto” en delitos de evasión y lavado, y en 2001 saltó de vereda al pasar de ser uno de los más destacados fiscales denunciantes de ilícitos vinculados a empresarios y funcionarios de poder, a formar parte de un reducido círculo de eximios abogados defensores en causas por delitos financieros, contrabando y narcotráfico.
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