Sociedad

La ley de la economía del conocimiento fuera de órbita, la misma fue dejada sin efecto por el gobierno, que busca introducir cambios

Ayer, el Gobierno nacional dejó sin efecto la reglamentación de esa norma, incluye el registro especial y la aprobación de solicitudes, preocupación en las empresas.

Martes 21 de Enero de 2020

155808_1579609324.jpg

10:08 | Martes 21 de Enero de 2020 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El 31 de diciembre último dejó de impactar la ley del software, que impulsó al sector durante una década, y desde el 1º de enero de este año comenzó a regir una nueva norma que se extendía a otros sectores de la denominada “economía del conocimiento”. Ayer, el Gobierno nacional dejó sin efecto las resoluciones que reglamentaban este régimen y toda su aplicación quedó en un limbo.

“Los mensajes que se recibieron desde el ministerio (de Desarrollo Productivo) es que estaban trabajando en una nueva reglamentación, porque querían introducir cambios. Pero también hay rumores de que se quiere armar un nuevo proyecto de ley”, comentó Pablo Gigy, secretario del Córdoba Technology Cluster (CTC).

La norma que creó el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento había sido aprobada en mayo de 2019 por unanimidad, luego de un trabajo de elaboración en el que participaron varios actores.

La resolución 30/2020, publicada ayer en el Boletín Oficial, nombra una nueva autoridad de aplicación del régimen (la nueva Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa), deja sin efecto las dos resoluciones reglamentarias de la ley 27.506 y suspende el análisis de las solicitudes de adhesión (que ya se habían empezado a recibir a través de Afip) “hasta que sea dictada la normativa complementaria correspondiente”.

“Hoy no hay beneficios vigentes para el sector. Hay que esperar que, en el corto plazo, salga una nueva norma reglamentaria. O, bien, que se trate un nuevo proyecto de ley”, agregó Gigy.

La situación genera gran incertidumbre porque no se sabe si la intención es limitar las actividades que pueden acceder a los incentivos fiscales y desde cuándo se volverá a poner en marcha el régimen.

Los incentivos principales, tanto de la ley de software como de la economía del conocimiento, apuntan a reducir el costo laboral. Gigy recuerda que las empresas del sector destinan más del 60 por ciento a los recursos humanos, muchos de los cuales atan su salario a la evolución del dólar.

A principios de enero, las firmas tecnológicas obtuvieron el último bono de crédito fiscal, en el marco de la ley que rigió desde 2009, equivalente al 70 por ciento de gran parte de las contribuciones patronales.

En el nuevo régimen, los beneficios laborables tenían que ver, por un lado, con poder tomar el mínimo no imponible para las contribuciones patronales al último tramo de la escala de la ley Pyme y, por otro, con un crédito fiscal equivalente a 1,6 veces el incentivo anterior.

La ley de emergencia y solidaridad de diciembre derogó esa mejora y fijó el mínimo en un monto fijo de 7.003 pesos sin actualizar. “El costo de esta medida son 6.500 pesos por mes por empleado”, precisa Gigy. Ahora, todo eso se deja sin efecto, con incertidumbre para todas las empresas.

<

Top Semanal

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

LOCALES

NACIONALES

INTERNACIONES

DEPORTES

SOCIEDAD

FARÁNDULA