La Iglesia critica la decisión de disolver el Fondo de Asistencia a las Víctimas de Trata

09:31 | Domingo 01 de Diciembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su "profunda preocupación" tras la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, una medida que fue oficializada esta semana en el Boletín Oficial.

En un comunicado, la CEA destacó que el fondo era un instrumento clave para reparar los daños causados a las víctimas de trata y explotación, ya que administraba bienes decomisados en causas judiciales relacionadas con estos delitos, así como recursos provenientes del lavado de activos asociados. "No insumía dinero del erario público, sino que se trataba de activos provenientes del delito que debía administrar el Estado", subrayó el documento.

Creado por la Ley 27.508 de 2019, el Fondo de Asistencia tenía como propósito garantizar que los bienes confiscados en procesos judiciales fueran destinados a la rehabilitación y reparación de las víctimas de trata. En octubre de 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con BICE Fideicomisos S.A., firmó un contrato de fideicomiso para su administración, formalizando su operatividad.

La Iglesia enfatizó que este fondo representaba una herramienta fundamental para enfrentar uno de los delitos más graves contra los derechos humanos y pidió que se revise la medida.

La disolución del Fondo de Trata forma parte de una serie de recortes impulsados por el Ejecutivo, que también afectaron a otros programas como:

• Fondo para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE).
• Fondo para la Refinanciación Hipotecaria.
• Programa de Inversiones Estratégicas.
• Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).

El gobierno argumenta que estas medidas forman parte de un esfuerzo para reducir el gasto público y reorganizar las prioridades del Estado. Sin embargo, la decisión ha generado críticas en diversos sectores, especialmente en casos como el del Fondo de Trata, cuyo financiamiento no provenía del presupuesto estatal.

Diversas organizaciones de derechos humanos y referentes políticos se han sumado a las críticas de la Iglesia, planteando que la disolución del Fondo representa un retroceso en la lucha contra la trata de personas. Por su parte, el gobierno aún no ha emitido declaraciones específicas sobre este reclamo, pero sostiene que las reformas buscan optimizar el uso de los recursos estatales.

El tema promete generar debate en los próximos días, mientras se evalúan las consecuencias sociales y jurídicas de estas decisiones.