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falsificación de carnets de conducir : Dos empleadas municipales fueron procesadas y embargadas por un millón y medio de pesos cada una

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del juez Daniel Barria, dictó procesamiento y prisión preventiva contra dos empleadas municipales acusadas de falsificar documentos públicos

Viernes 20 de Diciembre de 2024

16:44 | Viernes 20 de Diciembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Las involucradas, identificadas como Nicolasa V. y Rosa B., fueron embargadas por un monto de un millón quinientos mil pesos cada una, mientras avanzan las investigaciones.

El caso, que salió a la luz en octubre de 2018, comenzó cuando una oficina municipal encargada de expedir carnets de conducir detectó irregularidades en un documento durante una solicitud de renovación. Aunque los hologramas del carnet coincidían, el laminado y la firma eran falsos. La persona que presentó el documento admitió haber obtenido el carnet a través de una mujer que solicitaba información vía WhatsApp para modificar la documentación.

La investigación reveló un esquema interno en el que una de las acusadas entregaba los carnets falsificados, mientras que la otra proporcionaba los insumos necesarios, ambas operando en el mismo entorno laboral. Pruebas clave, como declaraciones testimoniales, actas de allanamiento, informes técnicos y materiales secuestrados, respaldaron las acusaciones.

El juez Barria determinó que las acusadas sean procesadas por el delito de falsificación de documento público, en línea con el artículo 292 del Código Penal. Además, su decisión de imponer prisión preventiva y embargar sus bienes busca garantizar la cobertura de las penas pecuniarias y el avance efectivo del proceso judicial.

Este caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles internos en las dependencias municipales para prevenir irregularidades. También resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las gestiones públicas. Mientras tanto, la comunidad espera que el proceso judicial se desarrolle con celeridad y justicia, marcando un precedente para evitar futuros actos de corrupción administrativa.