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Nación rechazó las rendiciones de La Rioja en obras de terminales y exige la devolución de fondos bajo la Ley 24.156

La Secretaría de Transporte de la Nación rechazó las rendiciones de cuentas de La Rioja por obras en terminales de Chamical, Chepes y de Milagro. Invocando a la Ley de Administración Financiera, intimaron a La Rioja a devolver 169 millones de pesos.

Lunes 28 de Abril de 2025

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18:45 | Lunes 28 de Abril de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

De no reintegrar los fondos en cinco días hábiles, el Ministerio de Economía avanzará judicialmente.
 
En tres resoluciones publicadas el 25 de marzo de 2025, el Gobierno Nacional resolvió rechazar las rendiciones de fondos transferidos a la provincia de La Rioja para las terminales de Chamical, Chepes y El Milagro. La medida se basa en los incumplimientos detectados en la documentación exigida por la Ley 24.156 de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público Nacional, que regula el uso y rendición de los fondos públicos. Según los informes técnicos, se constató falta de obras, cambios unilaterales de proyectos y ausencia de certificados de avance.
 
Las terminales involucradas recibieron adelantos por más de 169 millones de pesos, equivalentes al 50% de cada convenio firmado. Sin embargo, no se acreditó el avance de las obras de acuerdo a los requisitos del Programa de Renovación Integral de Terminales y del Programa de Infraestructura Nodal. Además de exigir la devolución inmediata de los fondos, las autoridades declararon extintos los convenios suscriptos y advirtieron que, si no se cumple la intimación, iniciarán acciones judiciales de recuperación.
 
Los informes de la Dirección Nacional de Desarrollo de Obras de Transporte señalaron que, en algunos casos, los terrenos estaban vacíos o sin construcciones que acreditaran obras en curso. La devolución exigida por Nación comprende los montos de los proyectos más los intereses por depreciación monetaria calculados a tasa pasiva promedio del Banco Central. Todo el procedimiento se enmarca en la normativa nacional que establece la responsabilidad en la gestión de fondos públicos.
 
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