El jefe de Gobierno español anunció medidas para combatir la desinformación y favorecer la transparencia en los medios de comunicación.Propone, entre otras medidas, revisar la financiación a los medios y la aplicación de la ley de publicidad.
17:34 | Domingo 23 de Junio de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Molesto por las investigaciones basadas en recortes periodísticos a su esposa y a su hermano que dos tribunales españoles están llevando adelante, el presidente Pedro Sánchez anunció medidas para combatir la desinformación y favorecer la transparencia en los medios de comunicación.
Sin embargo, hay voces que decodifican el anuncio del jefe de gobierno como un intento de “regular” a la prensa en España.
Sánchez propone, entre otras medidas, revisar la financiación a los medios y la aplicación de la ley de publicidad institucional.
“Aquí hay una máquina del fango bien engrasada, donde el Partido Popular y Vox, y ahora también Alvise (el líder del nuevo partido Se acabó la Fiesta), son unas piezas más de esa máquina del fango donde hay ultraderechistas que presentan estas denuncias ante el Poder Judicial y pseudo-medios de comunicación que lo que hacen es propagar bulos (mentiras) y desinformación”, argumenta Sánchez.
“La democracia española se está enfrentando, como todas las democracias del mundo, a viejos enemigos con técnicas nuevas que son las redes sociales y los tabloides digitales, que propagan esos bulos, que extienden y expanden ese fango y, por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno de España, como ha hecho Europa, es poner en marcha un plan de acción democrática”, es la estrategia que comenzará a aplicar, según él mismo anticipó, a partir de julio.
Ese plan, que Pedro Sánchez llama “de regeneración democrática”, es el que el jefe de gobierno insinuó en abril, cuando reapareció para confirmar que no renunciaba luego de los cinco días de reflexión -y de incertidumbre institucional- que se había tomado apenas se hizo pública la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias.
El juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, abrió una investigación a la esposa de Sánchez a partir de la denuncia presentada por una asociación de derecha -Manos Limpias- que aportó, como pruebas, recortes periodísticos.
El 5 de julio Begoña Gómez tendrá que presentarse a declarar ante el juez Peinado, que sigue adelante con una parte de la investigación. Otros aspectos los está siguiendo la Fiscalía europea, que debe descartar que estén involucrados fondos europeos en la acusación que responsabilizaría a la esposa del presidente Sánchez de haber cometido delitos, por ahora, hipotéticos.
Una ley europea
Sánchez se apoya en la ley de libertad de medios de comunicación de la Unión Europea que los 27 estados miembros deberán aplicar a partir del año que viene.
La norma europea introduce la obligación que los medios de comunicación tendrán de hacer públicos su nombre legal y sus datos de contacto, el nombre de sus propietarios directos o indirectos y el de sus beneficiarios. También plantea que se dé a conocer, por ejemplo, si un gobierno financia gran parte del contenido de un medio de comunicación. Para la Unión Europea, el lector debe saberlo.
“Esa ley, que hemos aprobado en el Parlamento Europeo, va a implicar, cuando la traspongamos a España, que los ciudadanos sepan -aclara Pedro Sánchez y enumera-: uno, quiénes son los propietarios que están detrás de esos pseudo-medios de comunicación digitales; dos, cuál es la financiación y la transparencia en relación con esa financiación, y tres, que se defienda a los propios medios de comunicación.”
Sánchez promete, además, llevar al Congreso “la modificación de la ley orgánica del derecho a la rectificación y la modificación de la ley orgánica del derecho al honor”.
“Para acabar con la impunidad que algunos de esos tabloides digitales y de estos pseudo-medios de comunicación digitales tienen respecto a otro medios de comunicación o personalidades públicas”, es su justificación.
Informe sobre libertad de prensa
“Por la mejora del contexto legal y de seguridad, y por el declive de otros países”, España subió este año del puesto 36 al 30 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 de Reporteros Sin Fronteras.
“España no se libra de las presiones políticas que, como en todo el mundo, están erosionando la independencia y la pluralidad del periodismo”, destaca el informe.
“De los cinco indicadores que miden la salud de la libertad de información, el político cae en España algo más de tres puntos”, destaca.
“La desinformación es la principal amenaza de las democracias”, lleva tiempo diciendo Pedro Sánchez. Aunque su foco, ahora, está puesto en la formación de un gobierno en Cataluña.
Los catalanes votaron el 12 de mayo pero, por ahora, no se pronunció ninguna mayoría parlamentaria que decante la elección de un presidente.
Sánchez logró su tercer mandato en noviembre del año pasado con un delicado equilibrio de apoyos indispensables como los fueron los separatistas catalanes y vascos.
Por eso, para evitar cualquier riesgo sobre su continuidad en La Mocloa, debe evitar la disconformidad catalana a toda costa.
Por primera vez desde mediados de los ’80, el independentismo no alcanzó la mitad más una de las bancas del Parlament que le hubiera garantizado la presidencia. Sin embargo el candidato Carles Puigdemont, el ex presidente que huyó de España luego de declarar la independencia de Cataluña en 2017, quiere intentar volver a ser elegido. Mientras tanto, espera que la ley de amnistía que el separatismo catalán pacto con Sánchez a cambio de su reelección se aplique y le permita regresar al pago sin ser detenido.
El candidato socialista, Salvador Illa, fue el más votado pero tampoco le dan los números sin el apoyo de Esquerra Republicana, la más moderada de las fuerzas independentistas. Para acceder al Palacio de la Generalitat catalana tendría que conseguir el “sí” de Esquerra que exige a Sánchez más competencias fiscales a cambio de apoyar a Illia.
Esta incertidumbre, sin embargo, tiene fecha de vencimiento: si no se logra formar un gobierno antes de que termine agosto, los catalanes tendrán que volver a votar.
