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La medida judicial impide la aplicación de un decreto presidencial que buscaba limitar el derecho constitucional de los hijos de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense. El fallo se da en medio de un intenso debate legal y político.
Viernes 11 de Julio de 2025
12:25 | Viernes 11 de Julio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El juez federal Joseph Laplante, del distrito de New Hampshire, emitió este jueves una orden judicial que bloquea a nivel nacional la implementación del decreto firmado por el presidente Donald Trump, el cual pretendía restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La decisión se produce dos semanas después de que la Corte Suprema limitara el alcance de las medidas cautelares universales, pero dejara abierta la posibilidad de acciones colectivas.
Durante la audiencia, Laplante aceptó la certificación de una demanda colectiva presentada por organizaciones defensoras de los derechos civiles, lo que le permitió extender el bloqueo a todos los niños nacidos en el país —y a los que están por nacer— cuyas madres se encuentren en situación migratoria irregular o con visas temporales, y cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes. El magistrado calificó la privación de la ciudadanía como “un daño irreparable” y destacó que “la ciudadanía estadounidense es el mayor privilegio que existe en el mundo”.
El fallo suspende temporalmente la entrada en vigor del decreto, prevista para el 27 de julio, y otorga al gobierno un plazo de siete días para apelar. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las entidades demandantes, celebró la decisión como una victoria para las comunidades inmigrantes y para la protección constitucional consagrada en la Decimocuarta Enmienda.
La administración Trump, por su parte, calificó el fallo como un intento ilegal de eludir la decisión de la Corte Suprema y anunció que apelará enérgicamente. El portavoz de la Casa Blanca acusó al juez de “abuso procesal” y defendió la constitucionalidad del decreto, que forma parte de la agenda migratoria del presidente republicano.
El caso podría escalar nuevamente ante el máximo tribunal, que aún no se ha pronunciado sobre la validez legal del decreto. Mientras tanto, el fallo de Laplante representa un freno significativo a los esfuerzos del Ejecutivo por modificar uno de los pilares históricos del sistema de ciudadanía estadounidense. La controversia continúa generando repercusiones políticas y jurídicas en todo el país.
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