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Organismos internacionales y la sociedad civil ucraniana cuestionan al presidente por presuntas maniobras para debilitar las agencias independientes de control.
Martes 22 de Julio de 2025
12:52 | Martes 22 de Julio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, enfrenta una ola de críticas por parte de organizaciones civiles, medios locales y representantes internacionales, tras una serie de acciones que han sido interpretadas como intentos de interferir en el funcionamiento de los organismos anticorrupción del país. La controversia se desató luego de una redada realizada por los Servicios de Seguridad del Estado (SSU) en las oficinas de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y de la Fiscalía Anticorrupción (SAPO), ambas instituciones formalmente independientes del poder político.
La operación incluyó el registro de más de 80 oficinas y domicilios, y la detención de un alto funcionario acusado de vínculos comerciales con Rusia. Sin embargo, la dirección del NABU negó las acusaciones y denunció que se trata de una maniobra para desmantelar su autonomía. La ONG Transparencia Internacional calificó la situación como “inadmisible presión política” y alertó sobre el riesgo de retroceso en las reformas institucionales iniciadas tras la revolución proeuropea de 2014.
La polémica se agravó con la aprobación en el Parlamento de una ley que otorga al fiscal general —designado por la oficina presidencial— facultades para intervenir en las investigaciones del NABU y la SAPO. Esta modificación legislativa fue impulsada por el partido oficialista Servidor del Pueblo, que cuenta con mayoría absoluta. Diputados opositores y miembros del propio oficialismo denunciaron que la norma representa “la destrucción virtual de las agencias anticorrupción” y un “paso hacia un régimen autoritario”.
El caso también involucra al activista Vitali Shabunin, fundador del Centro de Acción contra la Corrupción (ANTAC), quien fue detenido bajo sospechas de haber recibido trato preferencial en su unidad militar. Más de cien organizaciones de derechos humanos exigieron al presidente y al fiscal general que se retiren los cargos, acusando al gobierno de utilizar el sistema judicial para represalias políticas.
Representantes del G7 se reunieron con la cúpula del NABU y emitieron un comunicado expresando su “seria preocupación” por el debilitamiento de la transparencia y la independencia institucional. La embajadora de la Unión Europea en Kiev, Katarina Mathernova, instó a preservar los avances logrados en materia de reformas, fundamentales para el proceso de integración europea.
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