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A contramano de las otras víctimas, la familia de Lara Gutiérrez impulsa una marcha para repudiar el nuevo curso de la investigación, hoy en manos del magistrado Jorge Rodríguez. Las duras observaciones del juez original del caso.
Lunes 03 de Noviembre de 2025
14:09 | Lunes 03 de Noviembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Una llamativa polémica envuelve hoy al expediente del triple femicidio narco de Florencio Varela. En una sorprendente decisión, la familia y la querella de Lara Gutiérrez, la más joven de las víctimas, impulsan una marcha para repudiar el nuevo rumbo del caso con su pase al fuero federal, a contramano de lo expresado por las familias de Brenda del Castillo y Morena Verdi.
La movilización ocurrirá este lunes a las 11 AM frente a la sede de la UFI de Homicidios de La Matanza, cuyos fiscales, Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli, enviaron el caso al fuero federal para que investigue la estructura narco detrás del crimen, radicada en Perú.
Arribas, Fornaro y Rulli consideran los homicidios esclarecidos, tras lograr las detenciones de once sospechosos, entre ellos Joseph Cubas Zavaleta, el presunto autor ideológico del triple crimen, en una de las mejores y más profundas investigaciones penales de la historia reciente.
En la actualidad, el expediente está en manos del juez federal Jorge Rodríguez, con asiento en Morón. Sin embargo, la familia y la querella de Lara repudian el pase al fuero federal. “Si pasa al fuero federal, el homicidio queda en segundo plano”, aseguró la convocatoria.
El planteo parece un contrasentido: una cosa no quita la otra. La Justicia federal tiene la capacidad de absorber la investigación y llegar a los máximos responsables, entre ellos el misterioso “Abuelo”, el presunto jefe de la organización dealer del Bajo Flores. “La investigación va a quedar en la nada: faltan tres prófugos”, continúa otra proclama en forma de story de Instagram.
Estos tres prófugos -Alex Ydone, “El Loco David” Huamani Morales y Manuel Valverde- están plenamente identificados y cuentan con una circular roja de Interpol en su contra por los delitos de privación ilegítima de la libertad y triple femicidio agravado. Si son capturados y condenados, podrían recibir la pena de prisión perpetua, tal como la inmensa mayoría de los acusados en el expediente.
Fuentes en torno a la situación aseguran que los fiscales que esclarecieron el triple crimen están dispuestos a recibir a los manifestantes. Sin embargo, la polémica no es nueva. Fernando Pinos Guevara, el juez de garantías del caso -que avaló el pase al fuero federal pedido por los fiscales del caso y dictó las prisiones preventivas de los ocho acusados en medio de notables elogios a la investigación- marcó en su más reciente fallo el problema que implicaría mantener la causa en la Justicia de instrucción.
La negativa de la familia de Lara y su abogada querellante, Verónica Claudia Véliz, de pasar al fuero federal, ya había sido planteada en el expediedente:
“Estella Maris Gutierrez, particular damnificado en su condición de progenitora de Lara Morena Gutierrez, con el patrocinio letrado de la doctora Verónica Claudia Veliz, evacuó la vista y manifestó que se opone a la declinatoria de competencia al fuero federal, entendiendo que resulta prematura, porque no existen elementos que confirmen la veracidad de las circunstancias que emerge de la plataforma fáctica formulada por el Ministerio Público Fiscal”, asegura un documento del caso.
Pinos Guevara, tras respaldar fuertemente la investigación de la UFI de Homicidios de La Matanza, aseveró:
“En términos de persecución del narcotráfico, la Justicia ordinaria solo podría atribuirse el juzgamiento del narcomenudeo, circunstancia que en el caso no se da, porque no es objeto del proceso. Lo que sí es objeto del proceso es la existencia de una empresa narcocriminal trasnacional e interjurisdiccional, que necesariamente debe desbaratar la Justicia Federal por su más amplia competencia”.
“Sumado a ello, tal como lo ha sostenido el Ministerio Público Fiscal, en sus consideraciones ya citadas, pero que además hago propias, escindir el proceso para atribuir la competencia federal por una finalidad, y pretender que prosiga en esta sede por el resto de los tipos penales, atenta gravemente contra la administración de justicia, porque impediría conocer, imputar y eventualmente castigar a la totalidad de responsables por los lamentables hechos padecidos por Morena, Brenda y Lara”.
“No es posible lograr los fines de un proceso sin profundizar en el otro, no tienen razón de ser si se los escinde, y solo podría llevar a temperamentos contradictorios. El móvil por el que han muerto Morena, Brenda y Lara de una manera tan despiadada es justamente el narcotráfico”, finalizó.
Las familias de Brenda y Morena -la familia de Brenda también es querellante en la causa- no forman parte de esta convocatoria.
En una story reciente, se dijeron “muy agradecidas y satisfechas” y consideraron que Arribas encabezó “una investigación ejemplar”.
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