Los abogados del ex Jefe de Gabinete catalogaron la investigación como una “excursión de pesca” y que el alegato de la fiscalía no probó que de su parte hubo voluntad y conciencia para delinquir.
23:18 | Lunes 03 de Noviembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La defensa del ex jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández pidió la absolución en el juicio que encabeza el Tribunal Oral Federal Número 1 donde junto a Jorge Capitanich, Gabriel Mariotto y otros, están acusados de fraude al estado e incumplimiento de deberes de funcionario público por el giro de fondos a diversos clubes de fútbol por la transmisión de partidos tras el convenio firmado entre Cristina Fernández de Kirchner y Julio Grondona en 2009 donde se cedía la comercialización de los derechos televisivos de los torneos de la AFA.
Los abogados Alex Zlotar y Pablo Hawlena Gianotti coincidieron con varias observaciones propuestas por diversas defensas acerca de lo que consideraron como graves deficiencias del alegato fiscal Miguel Osorio, los cuales se abstuvieron de desarrollar por un tema de economía procesal.
Sin embargo, y previo a reclamar la absolución de Fernández de quien Osorio pidió 3 años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de violación de los deberes de funcionario público, los abogados catalogaron como incoherente el alegato acusador.
Aníbal Fernández escuchando el alegato de su defensa.
Aníbal Fernández escuchando el alegato de su defensa.
“Las fallas de la fiscalía son manifiestas al intentar describir los hechos de modo claro, concreto, circunstanciado y específico. Así como la ausencia de detalles sobre qué actos u omisiones se le atribuyen exactamente a nuestro defendido, parte de esa deficiencia se ve en la propia complejidad del caso”, afirmo el penalista Zlotar, a lo que agregó “en este proceso se confundieron sospechas y conjeturas con pruebas y se pretendió traducir una eventual responsabilidad política o administrativa en una responsabilidad penal cuando son planos absolutamente distintos”.
Para el defensor hubo una voluntad primera de imputar más no de verificar la tipicidad y autoría de una conducta concreta, cosa que a su criterio son contrarias al Estado de derecho, “en conclusión, con este panorama, lo que en su origen eran supuestos y graves desvíos y mecanismos dolosos, se fue reduciendo hasta quedar un cargo residual forzado y nunca probado, más cercano al reproche moral por resultados no ideales que la comisión de un delito concreto”.
Los letrados que asisten al exfuncionario señalaron la existencia de un vacío normativo o institucional, más no una conducta dolosa. En esa línea hicieron un repaso del contrato fundacional de “Futbol Para Todos” del cual remarcaron era de características especiales, señalando que no hubo subordinación de la Asociación del Fútbol Argentino hacia el Estado, ni cláusulas exorbitantes y tampoco hubo condiciones en favor de la administración como solo ocurrieron los contratos estatales clásicos.
En ese mismo apartado tanto Zlatan como Hawlena al hipotetizar sobre la existencia de una macro omisión en los controles del programa, se preguntaron “¿por qué no están acusados también quienes sí tenían funciones específicas de la teoría de su profesión?, ¿se espera que el jefe de gabinete se supliera personalmente a todos esos organismos y personas?", a lo que subrayaron “esto no es razonable ni compatible con el derecho penal de la AFA, no se señaló ningún acto cometido concreto que de haberse llevado a cabo hubiese impedido un determinado hecho en la AFA”.
Por último los penalistas remarcaron el hecho que Aníbal Fernández sea penalmente responsable porque no se logró plenamente el saneamiento financiero de los clubes de futbol “sería tan absurdo como acusar al Ministerio de Economía por no haber controlado la inflación o el precio del dólar a pesar de la intervención en el mercado” y no adhirieron al planteo de nulidad del alegato fiscal formulado por Luis Virgilio Sánchez, abogado de Jorge Capitanch durante su alegato, por entender que la forma en que se presentó “permite demostrar acabadamente su insuficiencia”.
